29.08.2014 09:47
Los problemas de exclusión y marginación social han angustiado a la sociedad española desde hace siglos. La idea tradicional de la caridad cristiana fue quedando arrinconada por otras nociones más utilitaristas a lo largo del XVIII, que insistían en el trabajo forzoso de los vagos que abusaban de la mendicidad. La limosna debía circunscribirse a los jornaleros sin trabajo ocasionalmente y a los enfermos honorables.
Los gobiernos ilustrados de Carlos III tomaron esta máxima convencidos como estaban en que la ociosidad malograba indefectiblemente la fuerza del imperio español. Tras los motines de Esquilache la afluencia de mendigos forasteros inquietaba sobremanera a las autoridades de muchos municipios, especialmente en Madrid. En marzo de 1778 se dispuso por real cédula cómo se debería de practicar la asistencia a los pobres en la Villa y Corte, extendida a partir de febrero de 1785 al resto de capitales de provincia, corregimiento y partido del reino.
Se abordaba quién era merecedor de atención, cómo recoger a los menesterosos y la organización de la beneficencia. Todos aquellos varones mayores de diez años que incurrieran en vagancia serían destinados obligatoriamente al servicio en el ejército y en la armada según su edad y condición, complementando las llamadas levas de vagos las quintas militares. Las mujeres embarazadas serían destinadas a las casas de la misericordia para dar a luz. En todo momento se recomendaba recoger a los menesterosos por parte de los alcaldes de barrio con discreción, sin violencias que provocaran la indignada compasión de los vecinos. Se aprecia cómo el despotismo ilustrado temía una rudimentaria pero clara solidaridad de clase.
De gran interés resulta la formación de la Junta General de Caridad matritense integrada por el gobernador de la sala de alcaldes, el corregidor, el vicario, el visitador eclesiástico, un regidor municipal, un representante del cabildo de curas y beneficiados, otro representante de la Sociedad de Amigos del País, y un secretario municipal. Su acción se apoyaría en las diputaciones de barrio y parroquia conformadas a su vez por el alcalde de barrio, un eclesiástico nombrado por el párroco, y tres vecinos acomodados y celosos de sus deberes, elegidos según las normas de las alcaldías de barrio y renovando cada año uno. Se animaba a la participación vecinal sin apremios ni multas, empleando la persuasión de contraer méritos ante el rey. Las reuniones se celebrarían cada domingo en uno de los conventos del barrio, indicándose como tareas de necesario cumplimiento la contratación de amos o maestros para la infancia y la formación de libros de registro de asistencia o matrículas. Las ideas de la gestión y participación parroquial serían de gran valor de cara al sistema electoral postulado por el liberalismo gaditano a partir de 1812.
A efectos de beneficencia Madrid se dividió en siete grandes cuarteles que comprendían grupos de ocho a dieciséis barrios. Se instó a las comunidades de regulares que contribuyeran al mantenimiento de la asistencia, postulándose ya que en cada parroquia se formaran congregaciones caritativas para socorrer a los pobres vergonzantes, incorporando los fondos de las cofradías sacramentales y de las obras pías. En 1778 ya se insinuaba la futura desamortización de Godoy en el horizonte.
Evidentemente los problemas de Madrid resultaron muy complejos, pero el modelo asistencial que se propuso ya avanzaba algunas de las líneas de fuerza del liberalismo en ciernes.
