01.07.2026 10:25
Las conquistas han dispensado abundante botín y riquezas a los vencedores, pero también sensibles problemas de gobierno y administración económica. Cuando Alicante pasó a manos de los castellanos era una pequeña y activa localidad del litoral andalusí, con importantes posibilidades comerciales. Sin embargo, los recaudadores de impuestos parecían estar librándole una verdadera guerra de desgaste.
A Alfonso X no le hizo ni pizca de gracia, pues las cuantías de los impuestos comerciales del almojarifazgo podían dejar de llenar con generosidad sus arcas. El 20 de noviembre de 1258 se alcanzó un acuerdo entre el administrador Berenguer de Montcada y las autoridades municipales, capaz de beneficiar a los vecinos de la entonces villa como a los comerciantes forasteros. Por entonces ya salían por el puerto alicantino cotizadas pasas e higos, manjares ya muy celebrados en las mesas de la nobleza de la Cristiandad. Aquí adquirió también relevancia el tráfico de esclavos.
Alimentos vendidos en su mercado o que transitaban por su aduana como el trigo, la cebada, la harina, los ganados, el queso, los frutos secos, el aceite, la miel, el azafrán o los pescados como la sardina y el atún debían pagar un gravamen en pepiones, la moneda castellana de plata y cobre más utilizada. También se emplearon los burgaleses de vellón, los dineros prietos o negros con mayor proporción de plata y las piezas de plata que imitaban a los dirhams almohades, los millareses. Con posterioridad se acuñarían las blancas de vellón. Antes de las alteraciones de su valor, coincidiendo con el arranque del rey Sabio, un millarés equivalía a tres dineros prietos y medio, y un dinero prieto a cuatro dineros burgaleses.
Alfonso X tomó, pues, los referentes monetarios andalusíes. Las equivalencias entre los distintos tipos monetarios partieron del valor del metal noble de las de raigambre musulmana, ordenando a continuación el rey los pepiones y burgaleses necesarios para igualar su auténtica riqueza.
Los impuestos del almojarifazgo no resultaron ser una carga ligera, pero se regularon minuciosamente para que no arruinaran la actividad mercantil de Alicante, aplicándose un 4% sobre el valor de las mercancías. Mucho más tarde, las alcabalas castellanas comenzarían exigiendo el 5% para culminar en el 10%. Sin embargo, los alimentos vendidos en el mercado resultaron ser particularmente gravados: la carga de trigo que tributaba 10 pepiones (más de 35 euros actuales) equivalía a lo que ganaba un jornalero a diario. La inflación añadió nuevos pesares a los más modestos.
De todos modos, se exoneraron con perspicacia las transacciones de carne y de embarcaciones, en un Alicante portuario sin grandes ganados. La exportación del azafrán, de los higos y de las pasas fue fiscalmente estimulada. En cambio, como hemos visto, el trigo y otros cereales encajaron la mayor carga tributaria. Era la otra cara del intento de promoción mercantil de una villa recién conquistada.
Fuentes.
Libro de Privilegios de Alicante. Edición de M. L. Cabanes, J. M. Del Estal y F. Gimeno, Alicante, 1984.
